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Federación Profesional del Taxi de Madrid, junto al resto de miembros de ANTAXI, ante la situación de "alegalidad" en que se encontraba el otorgamiento y explotación de las autorizaciones VTC´s y la indefensión que dicha situación generaba en todos los Titulares de Licencia de Autotaxi españoles, inició hace meses una "batalla legal" en busca de un marco jurídico que eliminase la actual "asimetría legislativa" y que garantizase el futuro de todo un sector.

 

SITUACIÓN DE PARTIDA:

A finales de 2011 empezó a operar en España, Cabify, empresa de alquiler de coches con conductor. La compañía trabaja con conductores con autorización VTC (Autorización de arrendamiento de vehículos con conductor). En teoría solo pueden recoger clientes que previamente hayan contratado sus servicios a través de su plataforma. En la práctica esto no es así y desde sus inicios ha ejercido una competencia desleal con el sector del taxi, incumpliendo sistemáticamente el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, actuando como un taxi sin serlo.

En 2014 se introdujo en nuestro país Uber con su servicio UberPop que ponía en contacto a clientes con conductores sin licencia, algo ilegal en el país. Esto fue denunciado y el 9 de diciembre de 2014, se acordaron como medidas cautelares “la cesación y prohibición en España de la prestación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros en vehículos bajo la denominación “uber pop”, o cualquier otra que pueda denominarse con idénticos fines para la demandada”. En abril de 2016 la compañía vuelve a España con su servicio UberX en el que utiliza vehículos con conductor que cuentan con autorizaciones VTC.

 

CONSECUENCIAS:

- La regulación vigente establece ciertos límites a las licencias VTC, como la prohibición de circular por la ciudad mientras esperan nuevos clientes o la necesidad de volver al lugar de estacionamiento habitual una vez se presta el servicio. Límites que no cumplen en la actualidad plataformas como Cabify o Uber perjudicando seriamente a los profesionales del taxi.

- Lejos de cumplir la proporción legal 1/30 establecida, el número de autorizaciones VTC se ha incrementado en más del 105% desde 2012, pasando de 2.563 en 2012 a más de 5.600 en 2017 y con un ratio actual que rondaría el 1/11.

- En ciudades como Madrid este incremento es de hasta un 280%, pasando de 579 VTC en 2012 a 2.205 y alcanzando un ratio de 1/7. Si no se establecen medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la ley, el sector del taxi desaparecerá en 10 años.

 

 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA REMEDIARLO?

- El año 2017 ha estado marcado por las movilizaciones del sector, que se ha manifestado en Madrid hasta en siete ocasiones congregando a taxistas de toda España para pedir que se cumpla la proporción vigente y garantizar la supervivencia del taxi.

- En Octubre el Tribunal Supremo decide admitir a trámite el Recurso de Casación interpuesto por la Federación Sindical del Taxi de Valencia y por el que estudiará frenar la concesión masiva de autorizaciones VTC a una misma empresa; abriendo así la posibilidad de acabar con las concesiones desmesuradas de más de 1000 licencias por entidad que se ha llegado a solicitar en alguna ocasión.

- En diciembre de 2017 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce por fin a Uber como empresa de transporte, hito que supone un punto de inflexión y aporta una nueva visión a los tribunales españoles que tienen en curso demandas del colectivo pendientes de fallo.

 

¿QUÉ MÁS VAMOS A HACER?

La alternativa real para acabar con la competencia desleal que ejercen las VTCs es la lucha por el establecimiento de un marco legal que regule y limite la actividad de este sector.

Para ello debemos unificar los esfuerzos concentrandonos en llevar a cabo acciones efectivas, ahorrando costes y desarrollando las siguientes acciones judiciales en 2018:

- Tramitar un proceso contencioso administrativo contra la transmisión de autorizaciones VTC.

- Plantear un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo frente a sentencia testigo del Tribunal Superior de Justicia fallando el otorgamiento de autorización VTC.

- Demanda por competencia desleal contra Uber y Cabify.

- Denuncia por infracción del artículo 1 de la ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia ante la Dirección de competencia contra la forma de convocar licitaciones públicas para la adjudicación de un contrato sobre el servicio sanitario.

 

Para llevar a cabo estas acciones legales con la máximas garantías es necesario contar con un soporte jurídico profesional de alto nivel. Tras analizar las posibles opciones, el despacho elegido por Federación y ANTAXI es el que lidera Jose María Baño León.

 

Fundado en 1992 por José María Baño León, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, es un despacho especializado en el asesoramiento integral en todas las cuestiones relacionadas con el Derecho Administrativo, incluyendo, entre otras, el Derecho Regulatorio o el Derecho de la Competencia.

 

Durante sus más de 20 años de existencia, Baño León se ha caracterizado por proporcionar un asesoramiento jurídico independiente, riguroso y de calidad. En este tiempo, su máxima ha sido siempre la misma: ofrecer a sus clientes, entre los que se encuentran grandes empresas, particulares y todo tipo de administraciones públicas, un servicio cercano que aúne una respuesta eficaz a sus necesidades prácticas con el mejor conocimiento del derecho. Los más prestigiosos ránkings pero, sobre todo, los clientes durante todos esos años avalan el magnifico trabajo desarrollado desde ese bufete.

 

Sobra comentar que el hecho de contar con los más prestigiosos letrados en derecho Administrativo no es un asunto económico. Ellos ya encabezan la defensa por el futuro de todas y cada una de nuestras familias; sus informes y demandas están ya sobre la mesa, y hoy hemos obtenido los primeros resultados... ENHORABUENA COMPAÑEROS!!

 

 

 

 

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